NO HAY MOTIVOS PARA LA REVISIÓN DEL PLAN ESPECIAL DE “EL RINCÓN”.
La Coordinadora El Rincón cuestiona que se den los supuestos que la nueva Ley de Suelo estipula para una Modificación Sustancial (Revisión) del Plan Especial. Además, no aparece como prioridad en el Proceso Participativo.
Según lo acordado en la reunión del Consorcio El Rincón el pasado 13 de septiembre, la Coordinadora El Rincón ha trasladado a la secretaría del Consorcio un escrito con dudas jurídicas en relación a la justificaciones legales por las que se ha planteado la necesidad de una revisión del Plan Especial de El Rincón, para que sea remitida a la Consejería de Política Territorial.
En él, el grupo ecologista solicita información concreta sobre qué cambios legislativos han afectado a las determinaciones del Plan Especial, cuáles han sido afectadas y en definitiva, por qué y para qué se pretende modificar El Plan Especial de El Rincón. Tras revisar los cuatro supuestos a los que la nueva Ley del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias limita la posibilidad de llevar a cabo una Modificación Sustancial, no parece que ninguno de ellos se dé, por lo que no encuentran justificación legal aparente, afirman.
Así mismo, remiten a una ponencia, disponible online, en la que el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna y redactor de la actual Ley de Suelo, Francisco Villar Rojas, ante la pregunta ¿es necesario modificar el Plan Especial? contestaba “no sé por qué, sigo sin saber por qué” y explicaba “mi opinión sigue siendo la misma, tanto la Ley como el Plan son normas de vigencia indefinida”, y en la que defiende una lectura del plan en clave actualizada ya que “mucha parte es susceptible de ser aplicada” y mucha “no requiere de desarrollos posteriores”.
En esta línea, el informe “El Rincón que queremos”, resultado de un amplio proceso participativo realizado entre septiembre 2016 y enero 2017, en el que se consultó a propietarios, vecinos, asociaciones de la zona, colectivos ciudadanos, agrupaciones políticas y personal técnico, concluye “se ha podido constatar que existen muchas demandas en las que hay consenso amplio por parte de los sectores ciudadanos consultados”. En su último capítulo, recoge las prioridades de actuación consensuadas, qué actores deberían llevarlas a cabo, el costo estimado y cómo financiarlas. Estas son, la elaboración de un plan de movilidad, la disponibilidad de un servicio técnico de asesoramiento en materia agraria y respecto a las posibilidades del planeamiento, la creación un logotipo imagen de la marca de El Rincón, la implantación de una red de riego, un plan de embellecimiento de la zona, el desarrollo de experiencias piloto de tipo turístico y educativo e iniciativas de mejora del espacio vecinal. Sin embargo, no aparece como prioritaria la revisión del Plan Especial y sí “la realización de acciones a corto plazo que generen confianza e ilusión en los vecinos consiguiendo de esta manera la participación social y contribuyendo al proceso de construcción colectiva”.
La Coordinadora El Rincón-Ecologistas en Acción ha preguntado también sobre el coste económico de la elaboración del Plan Especial, incluido el Plan Operativo de Desarrollo Agrario -PODA- elaborado entre 1993 y 1997, así como la campaña “El Rincón salvado” que llevó a cabo el ayuntamiento de La Orotava desde principios de 1990. A la espera de respuesta, recuerda que la mayor parte de las prioridades establecidas en el proceso participativo están aún pendientes de desarrollo y que el dinero público y los procesos de participación de la ciudadanía, deben ser respetados.
