Expulsión de los colectivos sociales del Consejo de Patrimonio de La Orotava

Exposición de motivos de la Coordinadora El Rincón en el último Consejo Municipal de Patrimonio, con motivo de la eliminación de los colectivos ciudadanos de su composición:

No voy a hablar de la necesidad del Consejo de Patrimonio Municipal. No voy a hablar del amparo normativo y legislativo que avala la presencia de los colectivos ciudadanos en el mismo.

El Consejo Municipal venía a ser el máximo órgano de participación ciudadana en este municipio. Su función principal radicaba en la imperiosa necesidad de la elaboración de recomendaciones en temas estratégicos de ciudad histórica y en la salvaguarda del rico legado histórico del resto del municipio, más allá de lo meramente formal de lo arquitectónico; lo “otro”, el “otro patrimonio”, también hay que atenderlo en su justa medida, sin caer en torpes olvidos o menosprecios. Pero también se veía como el órgano que pudiera impulsar medidas efectivas para que la conservación no fuera una quimera. Su eficiencia tenía que ir más allá de “lo técnico”, y se preveía que pudiera servir para hacer efectivas propuestas más allá del planeamiento urbanístico; en programas de difusión, como son el Plan Estratégico, los criterios generales de las inversiones públicas en el patrimonio, en los programas de actuación y el análisis y seguimiento de las políticas públicas que afectan la ciudad, así como otras funciones o ámbitos de actuación que emanaran de las sugerencias de los ciudadanos. En este sentido, la integración de la pluralidad de grupos e intereses de la ciudad. Se fundamentaba en el principio de responsabilidad compartida, sobre la base de una confianza mutua entre entidades ciudadanas y Ayuntamiento, más de las primeras en el segundo que de éste hacia los primeros, como se ha demostrado; y en este ideal se constituyó este Consejo Municipal de Patrimonio que venía a materializar el nuevo modelo de participación ciudadana, el cual había sido consensuado con un amplio sector de entidades y de ciudadanos y ciudadanas.
El Consejo Municipal de Patrimonio se constituyó con el fin de promover la participación estable de todos los sectores sociales en el debate sobre la planificación estratégica de la ciudad, de integrar la pluralidad y de englobar el conjunto de órganos participativos de la ciudad. (Véase la relación de prensa, cronológicamente inversa que se anexa).

El trabajo de “los técnicos” era facultad de ellos, debiendo el consejo velar por la eficiente aplicación de las normativas, sugiriendo y aportando soluciones cuando los conflictos afloraban, sobre todo los conflictos de intereses entre la interpretación de las normas y la realidad de las mismas. Es el caso de la denuncia del incumplimiento de las normas urbanísticas en la concesión de licencia para construir un convento en el patio de la Ermita de Nuestra señora del Carmen, o Ermita Franchy. El informe técnico fue favorable, ante ello se sugirieron modos de intervención en la obra nueva que afecta al espacio de protección de un inmueble del siglo XVI. O el caso del proyecto urbanístico para la parcela del nº 12 de la calle Centella. Revisada la normativa…en ambos casos incumplía la volumetría y el tipo de intervención en una parcela catalogada como protección integral. Fiscalizar no es función de ningún miembro del Consejo, sino la de asesorar; pero hubo que hacerlo. ¿Hay garantías de que no se reproduzcan hechos parecidos? ¿Están los técnicos alejados de la presión de “los políticos”? ¿Son infalibles los informes técnicos emitidos y luego anulados por sentencia judicial? ¿Ha de recaer siempre la responsabilidad en los informes técnicos?…

Pero el Consejo Municipal de Patrimonio comenzó fallando en lo esencial: la falta de transparencia, la marginación y menosprecio al mismo de su propio presidente, al no comparecer ni siquiera por cortesía al acto de constitución; la escasa valoración al esfuerzo común, la búsqueda de enfrentamientos absurdos y poco sensatos. Lejos quedó que se buscara una metodología realmente participativa, no existía información previa, los órdenes del día eran cerrados, no se permitía modificar los mismos en votación previa y reglada, las actas no se elaboraron, salvo en las dos últimas sesiones, no hubo un cumplimiento del calendario de convocatorias, no se constituyó la Permanente. No se creyó en el Consejo Municipal de Patrimonio. Y es que se sigue con la orden emanada: “Aquí en único foro de debate es el Pleno”.

Lejos queda la declaración de buenas intenciones de anteriores concejales de urbanismo. Lo paradójico es que quien elimina la representación de los colectivos sociales y anula la participación ciudadana es el Concejal Delegado de Participación Ciudadana.

De poco valió el esfuerzo personal, la capacidad de diálogo, el consenso en sacar adelante el reglamento del Consejo Municipal de Patrimonio, con las horas invertidas en reuniones, de modo desinteresado.

El argumento para la remodelación pudiera estar en la recomendación de 15 de enero de 2010 que emite el área de Planificación del Cabildo, referida a que

que dice:

Pero ese entrecomas de “exclusivamente” que se introduce habría que ver de qué modo se realizó. Si lo eliminamos, la sugerencia es que estén más organismos no excluye a la participación ciudadana, como tampoco se hace desde el área de Patrimonio, que en su informe de 15 de octubre de 2010, referido a su reunión de 28 de septiembre de 2009, sugiere:

Si nos fijamos en las fechas, en cuatro días el informe de la Unidad de Patrimonio sufre la introducción del “exclusivamente” en su texto. ¿Por qué razón? ¿A qué intereses quiere favorecer la exclusión de los colectivos ciudadanos del Consejo Municipal? ¿Hay justificación para aplicar esta sugerencia y no estas otras que se añaden?

Pero lo más incoherente es la, llamémosla así, “carta de despido”. En ella se recoge lo siguiente:

De esta forma garantizaremos que las decisiones que se tomen no correspondan al debate político”

¿Qué pavor existe al debate político? ¿Qué forma de gobierno teme al debate político? ¿No es política esta actuación? ¿No es política la intervención en el Conjunto Histórico? ¿Qué temor hay a hablar de política en un estado democrático? ¿No es ésta la misma forma de la gobernanza municipal en La Orotava en los últimos mandatos? ¿Habrá algún interés “político”, de un proyecto de “un político”, que no quiere el debate político ante la previsible presentación de un proyecto particular?

¿Dónde quedó la declaración el día 27 de octubre de 2005 que recoge la prensa y dice:…..

Narciso insiste en que la representación le parece razonable y que ya se contempla la participación ciudadana de todos los colectivos en el foro de la Agenda 21, pero, ante la unanimidad de los presentes en la conveniencia y lo enriquecedor que sería la participación de todos, se compromete a estudiarlo sin dar garantías de que prospere la petición.

Narciso concluyó la reunión transmitiendo que su voluntad es la de que el Consejo funcione con ese espíritu de consenso que reclaman los colectivos, pero pide que esté en el ánimo de todos también la “agilidad” de los procesos para que éstos no se eternicen. Asimismo reclama la colaboración para conseguir que la ciudadanía contemple la catalogación de sus viviendas como algo positivo.

Para terminar, recordar a Pedro Lezcano, que en su discurso de investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad de Las Palmas dijo:

Frente a la ambigüedad cabe preguntarse: ¿Qué aptitudes fundamentales deberá poseer la persona que alcance cualquier zona de poder?

Si la política es cosa de otros, si el pensador se conforma con definir que la persona debe ser autónoma y solidaria, como realidad humana equidistante del simple individuo y de la colectividad sin alma, si se conforma con tan bellos sondeos en la estructura humana, me temo que esta sociedad va a mejorar muy lentamente en sus niveles de felicidad.

Nada puede extrañarnos que una gran parte de quienes acceden al poder político carezcan de las facultades y merecimientos necesarios. Permítanme una breve disquisición sobre el tema del alpinista afortunado.

Nuestra experiencia parece confirmar las desalentadoras conclusiones de P.J. Proudhon cuando, revisando la idea de la revolución en el siglo XIX, escribe:

Ser gobernado es ser vigilado, inspeccionado, espiado, dirigido, legislado, reglamentado, encasillado, adoctrinado, sermoneado, fiscalizado, estigmado, censurado, mandado… por seres que no tienen ni título, ni ciencia ni virtud..

Mal han de ir las cosas en tanto el poder ejecutivo se erija a sí mismo y pueda ser ocupado por el escalador más ambicioso. El solo hecho de ambicionar el poder es ya una declaración de ineptitud, una demostración de no idoneidad.

Finalmente, nos preguntamos en el colectivo al que represento si volvemos al ostracismo, al olvido y al ordeno y mando.

Villa de La Orotava, a 31 de marzo de 2010.

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